El copago es la cantidad de dinero que una persona debe abonar directamente al utilizar un servicio médico cubierto parcialmente por un seguro de salud. Se trata de un mecanismo de participación en los costos, mediante el cual el asegurado comparte con la entidad aseguradora una parte del gasto derivado de consultas, tratamientos, medicamentos u otros servicios sanitarios. Su finalidad es equilibrar el uso de los recursos de salud, fomentar la responsabilidad en el consumo y contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema.
En la práctica, el copago se aplica como una tarifa fija o un porcentaje del costo total del servicio. Por ejemplo, un paciente puede pagar una cantidad determinada por cada visita médica o receta, mientras que el resto es cubierto por la aseguradora o por el sistema público. La cuantía del copago depende de factores como el tipo de seguro, el nivel de ingresos del usuario, la naturaleza del tratamiento o la política sanitaria del país. En algunos sistemas de salud, los grupos más vulnerables —como jubilados, personas con bajos ingresos o enfermedades crónicas— están exentos o cuentan con reducciones significativas en el importe a pagar.
Desde el punto de vista económico, el copago busca evitar el uso excesivo o innecesario de los servicios de salud, conocido como “demanda inducida” o “abuso del sistema”. Al implicar un pequeño coste directo para el usuario, se pretende que las personas recurran a la atención médica con mayor responsabilidad. Sin embargo, su aplicación también genera debate, ya que puede representar una barrera de acceso para quienes tienen menos recursos, especialmente cuando los importes son elevados o los tratamientos prolongados.
En conjunto, el copago constituye una herramienta de gestión dentro de los sistemas de salud mixtos, donde la financiación se reparte entre el Estado, las aseguradoras y los usuarios. Su eficacia depende de un equilibrio adecuado entre la contención del gasto y la garantía de acceso equitativo a la atención médica. Cuando se aplica con criterios de proporcionalidad y justicia social, puede contribuir a la sostenibilidad del sistema sin comprometer la calidad ni la universalidad de los servicios.
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